47 víctimas mortales y 49 heridos = 0 responsabilidades

El 3 de julio de 2006, 43 usuarias y usuarios de la Línea 1 de Metro Valencia perdieron la vida y 47 resultaron heridas. La estación de metro de Jesús se convirtió en el escenario del accidente de metro más grave de la historia de España y el quinto del mundo. Sin embargo, y a pesar de ostentar este triste lugar en el ranking de accidentes ferroviarios, ni las investigaciones ni la asunción de responsabilidades políticas han sido proporcionales.
Casi dos años después, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio denuncia cómo el Gobierno de la Generalitat sigue ignorándolos. Hace ya año y medio que las víctimas solicitaron al presidente Francisco Camps una respuesta a cuestiones clave en torno al accidente y que resolviera situaciones relacionadas con las secuelas del mismo. Hoy, a pesar de reiterados recordatorios, siguen sin noticias del máximo representante del gobierno autonómico, generando una tremenda sensación de invisibilidad.
El accidente que provocó cerca de un centenar de víctimas se podía haber evitado, según se desprende del último auto del Juzgado de Instrucción. "Queda constatada la insuficiencia de las medidas de seguridad que hasta entonces estaban funcionando", dice textualmente el auto.
No es nada nuevo. Los ciudadanos y ciudadanas de Paterna lo sabemos. Afortunadamente, sin consecuencias de tal magnitud, en La Canyada se han repetido con cierta insistencia averías en el paso a nivel con el consiguiente riesgo para los vecinos y vecinas de la zona, que se quedan completamente aislados y sin posibilidades de salir ante un incendio, por ejemplo. Durante muchos meses, hemos estado esperando un protocolo de emergencia para evitar riesgos.
Ésta es sólo una pequeña muestra de la precariedad de los sistemas de seguridad de la red de metro valenciana, que han desembocado en uno de los accidentes ferroviarios más graves del mundo.
En la parada de Jesús, las consecuencias de esta precariedad fueron fatales. Hace apenas unas semanas, el conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, negaba la función limitadora de velocidad que supuestamente tenía la baliza ubicada entre las paradas de Plaza España y Jesús. La reprogramación de dicha baliza, según un informe pericial, hubiera impedido que el convoy superara los más de 80 Km por hora y, consecuentemente, su descarrilamiento y sus trágicos efectos.
Por si esto fuera poco, según informaciones recientes, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han dejado de recibir 335 millones de euros tras la negativa del Partido Popular a firmar el contrato programa con el Gobierno Central.
El transporte público en Valencia está obsoleto, carece de las máximas garantías de seguridad para los usuarios y usuarias y las inversiones que recaen sobre él son escasas. No es éste el camino para hacer de la red pública de transportes una alternativa real, eficaz y segura al transporte particular.
Por todo ello, el Grupo Municipal del PSPV-PSOE y el Grupo Municipal Compromís per Paterna presentan para su debate y aprobación los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar a la Conselleria de Infraestructuras a invertir en medidas de seguridad en el transporte público ferroviario, de manera que ofrezcan las máximas garantías para evitar accidentes como el del pasado 3 de julio de 2006.

2.- Instar al gobierno de la Generalitat a reabrir el caso, aclarar las causas del suceso y a ofrecer a las víctimas y a sus familiares las respuestas que demandan desde que tuvo lugar el accidente.
3.- Instar al gobierno de la Generalitat y al presidente Camps, como máximo representante de la misma, a depurar las correspondientes responsabilidades ya que, por el momento, nadie las ha asumido.
4.- Que este Ayuntamiento haga un paro de 5 minutos y emita un comunicado, el próximo 3 de julio, a la misma hora en que se produjo el accidente, en recuerdo de las víctimas de tan lamentable suceso.
5.- Trasladar los presentes acuerdos a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, a la Conselleria de Infraestructuras, a Presidencia de la Generalitat, a las Juntas de Barrio, a las Asociaciones de Vecinos y al Consejo de Participación Ciudadana.

APROBADA EN EL PLENO DE JUNIO CON LOS VOTOS A FAVOR DE COMPROMÍS Y PSPV-PSOE, Y LA ABSTENCIÓN DEL PP