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dilluns, 2 de juny del 2008

El alcalde desmiente a su propio concejal de Servicios y admite todas las irregularidades de FCC denunciadas por Compromís


Ripoll critica la descoordinación del equipo de gobierno y acusa al PP de delegar en Compromís per Paterna una decisión política que sólo corresponde al gobierno
"Nos hemos visto obligados a poner brigadas especiales con un coste elevado". Son las declaraciones que el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha realizado en la prensa escrita este fin de semana. Loles Ripoll, portavoz de Compromís per Paterna i miembro de Iniciativa, ha asegurado esta mañana que "esto es algo que debería haber hablado con la oposición antes de tomar la medida". Ripoll, ha mostrado también su indignación porque el PP ha reconocido ahora nuestras declaraciones, y esto supone una contradicción entre las afirmaciones del concejal de Servicios, Juan Fernandez, y del alcalde, Lorenzo Agustí. El concejal del área había negado algunas de nuestras denuncias, y ahora el alcalde ha reconocido nuestras críticas en su totalidad. "Es inconcebible que haya tanta descoordinación entre el alcalde y su equipo después de tatos meses de legislatura", ha criticado la edila. ¿Quién dice la verdad? Además, uno de los representantes de FCC, reunido la semana pasada con Loles Ripoll, ha negado tajantemente el desvío de medios de FCC a otros municipios. Los ciudadanos necesitan una aclaración.
Asimismo, el primer edil ha afirmado que "existen facturas pendientes de la anterior legislatura". Pero Loles Ripoll ha declarado que "tendríamos que saber si ellos que ya llevan un año, también deben, y dado el superávit que anuncian, nos gustaría saber porqué no las han pagado".
Agustí ha invitado a nuestro grupo concejal municipal a trabajar para la escisión del contrato. Por ello, Loles Ripoll ha mostrado su desconfianza porque "al final nos está UTILIZANDO para tomar una decisión de gobierno, que por tanto pertenece únicamente a su gobierno".
El Ayuntamiento detectó hace meses las deficiencias que ahora han colmado su paciencia. ¿Si hace meses que lo saben, por qué no han tomado ninguna medida y han esperado a que lo denunciemos nosotras?, se ha preguntado Ripoll.
El equipo de gobierno ha recabado 54 irregularidades y ha abierto un expediente sancionador por 34.920 euros. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no han dicho nada hasta que nosotras hemos salido?
El Ayuntamiento también tiene previsto repercutir a la contrata el coste de las labores que realizan las brigadas en los barrios y que corresponderían a la empresa adjudicataria. En este sentido, Ripoll ha asegurado que "el PP vuelve a darnos la razón y a demostrar que han estado callados hasta que hemos dado la información".
Publicada: parcial, al Levante-EMV